Comunicados que dañan: Cómo la exposición de datos revictimiza a mujeres sobrevivientes de violencia

En 2025, una fiscalía estatal publicó un boletín sobre un caso de violencia de género que incluía detalles como la colonia donde ocurrió el ataque, el alias del agresor y hábitos personales de la víctima.

Este tipo de prácticas, lejos de ser aisladas, violan estándares internacionales y perpetúan un ciclo de daño. ¿Por qué los comunicados institucionales pueden convertirse en herramientas de revictimización?

La brecha entre la ley y la práctica

La Convención de Belém do Pará, firmada por México en 1998, obliga a los Estados a proteger la identidad de las víctimas de violencia de género (Art. 8.g).

Sin embargo, un estudio del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) analizó 100 comunicados de fiscalías estatales en 2022 y encontró que:

• 7 de cada 10 incluían datos personales de la víctima, como edad o relación con el agresor.

• 6 de cada 10 revelaban la ubicación exacta del delito.

• Casi la mitad usaban apodos del agresor que trivializaban su responsabilidad: OCNF, Informe 2022, p. 34.

  
  

Las cifras que reflejan el miedo

Según la Encuesta Nacional sobre Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2021):

• 33.9% de las mujeres que sufrieron violencia sexual no denunciaron por temor a represalias sociales.

• 1 de cada 4 denunciantes enfrentó señalamientos en su comunidad tras la exposición pública de su caso: INEGI, ENDIREH 2021.

  
  

Casos documentados: Cuando la institución falla

En 2021, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) investigó 17 denuncias de mujeres cuyos datos fueron expuestos en comunicados oficiales.

En el 70% de los casos, esto derivó en acoso, pérdida de empleo o desplazamiento forzado: Informe CONAVIM 2021, p. 12.

Lo que dice la normativa mexicana (y se ignora)

• "Se evitarán juicios de valor sobre las conductas o el comportamiento de la víctima con la finalidad de no revictimizarla."

  — Acuerdo A/OIC/001/2023, mediante el cual se emiten las políticas de actuación con perspectiva de género que se observarán en las investigaciones, substanciación de procedimientos y en la emisión de las resoluciones, competencia del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República. Publicado el 10 de octubre de 2023 en el Diario Oficial de la Federación (Fiscalía General de la República, Órgano Interno de Control).

  
  

  

  Acuerdo A/OIC/001/2023, 10 de octubre de 2023.

• "Todas las acciones, mecanismos y procedimientos deberán ser públicos, siempre que esto no vulnere los derechos humanos de las víctimas o las garantías para su protección."

  — Ley General de Víctimas, Texto Vigente (última reforma publicada DOF 01 de abril de 2024). (Estados Unidos Mexicanos – Congreso de la Unión)

  

  Ley General de Víctimas (DOF, 01 de abril de 2024).

¿Cómo debería ser un comunicado ético?

La Guía para Medios de ONU Mujeres (2022) propone:

• "No revictimizar a la víctima ni discriminarla. Esto implica, entre otras cuestiones: no poner en duda el delito; evitar titulares y narrativas que culpen a la víctima; no hacer referencia a su vestimenta, conducta ni modo de vida; no exponer imágenes ni datos personales innecesarios que afecten la dignidad y privacidad de la víctima. Como todo derecho, la libertad de expresión no es absoluta. Su límite —en el caso de la información y comunicación sobre casos de mujeres víctimas de violencia— son los derechos humanos y la dignidad de éstas."

  
  

  — Guía para medios de comunicación para comunicar con perspectiva de género en contextos de emergencia (19 de mayo de 2022), elaborada por el PNUD en México y ONU Mujeres México, con el apoyo de la AECID y la AMEXCID, vía el Fondo Mixto de Cooperación Técnica y Científica México-España y el proyecto COVID-19: Seguras en Casa.

  
  

  

  Guía para medios, 19 mayo 2022 (PNUD en México & ONU Mujeres México).

Un llamado a la acción

Informar sobre violencia de género no es neutral: o se hace con ética o se reproduce el daño. Las instituciones tienen la obligación legal —y moral— de priorizar la dignidad de las víctimas sobre el morbo.