ERNESTINA ASCENCIO: CUANDO EL ESTADO ELIGIÓ PROTEGER AL EJÉRCITO

Ernestina Ascencio Rosario era una mujer náhuatl de 73 años. El 25 de febrero de 2007 fue atacada sexualmente por integrantes del Ejército mexicano en la Sierra de Zongolica, Veracruz, y murió horas después a consecuencia de esa agresión.

Durante casi dos décadas, el Estado mexicano sostuvo una versión oficial falsa para proteger a las fuerzas armadas. El caso no es un error judicial: es la radiografía de un encubrimiento institucional que hoy, tras una sentencia internacional histórica, expone el costo humano de la militarización.

Ese día ocurrió uno de los episodios más graves de simulación judicial en la historia reciente de México.

Tras la agresión, Ernestina fue encontrada con vida y alcanzó a señalar, en su lengua materna, a quienes la atacaron. Murió horas después. Lo que siguió no fue un proceso de justicia, sino la activación de un engranaje estatal diseñado para desaparecer responsabilidades.

La investigación por violación sexual y homicidio, presuntamente cometido por elementos del 63 Batallón de Infantería, fue sustituida con rapidez por una versión oficial que atribuyó su muerte a una causa natural inexistente.

Durante casi 19 años, el caso quedó atrapado en la impunidad local, la descalificación de pruebas científicas y la persecución de quienes sostuvieron los primeros dictámenes. En diciembre de 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia condenatoria que confirmó lo que durante años sostuvieron la familia y organizaciones civiles: Ernestina fue víctima de violencia sexual, hubo encubrimiento institucional y el Estado mexicano es responsable.

Tetlatzinga, comunidad del municipio de Soledad Atzompa, es una región marcada por el aislamiento, la pobreza estructural y una presencia militar impuesta sin consulta. En ese contexto, la agresión contra Ernestina no puede entenderse como un hecho aislado, sino como parte de un patrón donde la violencia se ejerce sobre cuerpos históricamente desprotegidos.

Los peritajes forenses iniciales establecieron que la causa de muerte fue un choque hemorrágico derivado de una agresión sexual violenta. Se identificó material genético masculino. Estas conclusiones fueron posteriormente desacreditadas por autoridades estatales y federales, en una operación orientada a cerrar el caso sin investigar a los responsables.

El 13 de marzo de 2007, el entonces presidente Felipe Calderón declaró públicamente que Ernestina había muerto por gastritis. Esa afirmación, emitida desde la Presidencia de la República, fijó la línea política que siguieron la SEDENA, la Procuraduría de Veracruz y la CNDH para dar por concluida la investigación.

El médico forense Juan Pablo Mendizábal, quien sostuvo el dictamen original, fue perseguido y despedido. En contraste, la exigencia de justicia no desapareció. La familia, acompañada por organizaciones civiles, llevó el caso ante el sistema interamericano.

En 2021, la propia CNDH reconoció que existió encubrimiento. Cuatro años después, la Corte IDH condenó al Estado mexicano por violaciones graves a los derechos humanos y ordenó reabrir la investigación, sancionar a los responsables y reparar integralmente a la familia.

El caso Ernestina Ascencio no pertenece al pasado. Es una advertencia vigente sobre lo que ocurre cuando la militarización avanza sin controles civiles ni rendición de cuentas. Y es, también, la prueba de que la verdad puede tardar, pero no desaparece.