Asesinato de María del Carmen Morales en Jalisco enfrenta versiones oficiales y de colectivos: Exigen investigación exhaustiva

El doble homicidio de María del Carmen Morales, integrante del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, y su hijo Jaime Daniel Ramírez Morales, ocurrido la noche del 23 de abril en Tlajomulco de Zúñiga, ha generado un debate público entre autoridades estatales, organizaciones civiles y el gobierno federal.

Mientras la Fiscalía de Jalisco sostiene que el ataque fue dirigido contra el joven y descarta vínculos con la labor de búsqueda de su madre, el colectivo y organismos de derechos humanos exigen una investigación que considere amenazas previas relacionadas con su activismo.

María del Carmen, de 43 años, buscaba a su otro hijo, Ernesto Julián Ramírez, desaparecido desde febrero de 2024. El ataque ocurrió cuando madre e hijo transportaban agua en su colonia, donde tres hombres en motocicletas les dispararon a quemarropa. Testigos relataron a medios locales que los agresores huyeron sin robar pertenencias, lo que descarta inicialmente un móvil económico (El Financiero, La Jornada).

Versiones en conflicto

• Fiscalía de Jalisco: Asegura que no hay indicios que vinculen el crimen con la labor de búsqueda de víctimas. Según su informe, Jaime Daniel fue el objetivo principal, y su madre murió al intentar defenderlo. No se han identificado detenidos ni móviles claros (Pie de Página, Infobae).

• Colectivos y organizaciones: El colectivo Guerreros Buscadores denunció que María del Carmen recibió amenazas anónimas semanas antes del ataque, relacionadas con su activismo. Amnistía Internacional y la Universidad de Guadalajara respaldaron este señalamiento, exigiendo protección para familias de desaparecidos (El Financiero, Capital México).

  
  

La presidenta Claudia Sheinbaum informó durante la conferencia de la Mañanera del Pueblo, haber recibido una carta solicitando su intervención para garantizar justicia. Aunque evitó descartar públicamente la versión estatal, urgió a una investigación “a fondo” y anunció que la Subsecretaría de Derechos Humanos brinda apoyo a la familia.

Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, condenó el crimen durante un encuentro con colectivos, pero no proporcionó avances sobre los responsables (Diario.mx, La Jornada).

El caso expone los riesgos que enfrentan las madres buscadoras en México, particularmente en Jalisco, estado con altos índices de violencia vinculada al crimen organizado. Solo en 2024, se registraron 1,890 desapariciones en la entidad, según datos oficiales.