INE ajusta presupuesto para 2025: Impacto en la elección judicial y medidas adoptadas

El Instituto Nacional Electoral (INE) ha aprobado un presupuesto para el ejercicio fiscal de 2025 de 19,645 millones 790 mil 251 pesos, reflejando una reducción de 8,855 millones 235 mil 863 pesos respecto a la solicitud inicial de 35,855 millones 292 mil 618 pesos.

Instituto Nacional Electoral

Causas del recorte presupuestal

La disminución en el presupuesto del INE se debe a un recorte aprobado por la Cámara de Diputados, que redujo en un 33% los recursos destinados al instituto.

Este ajuste se enmarca en una estrategia más amplia del Congreso para reasignar recursos a otras áreas prioritarias, como la educación y la seguridad.

Impacto en la elección judicial de 2025

A pesar de la reducción presupuestal, el INE ha priorizado la organización de la elección de los integrantes del Poder Judicial de la Federación, programada para junio de 2025. Para garantizar la calidad y certeza del proceso electoral, se han implementado medidas de austeridad, como la reducción del número de casillas y la disminución de personal capacitado.

Medidas adoptadas por el INE

Para enfrentar el recorte, el INE ha pospuesto algunas actividades ordinarias esenciales para el segundo semestre de 2025. Además, se ha solicitado una ampliación presupuestal ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para mitigar riesgos institucionales y recuperar actividades esenciales.

Consejeros del INE han expresado su preocupación por el impacto del recorte en la calidad del proceso electoral y en la operatividad del instituto. Han señalado que, aunque se harán esfuerzos para cumplir con el mandato constitucional de organizar elecciones con profesionalismo y convicción democrática, las limitaciones presupuestales podrían afectar la eficacia de las actividades electorales.

En resumen, el INE enfrenta desafíos significativos debido al recorte presupuestal aprobado por la Cámara de Diputados. A pesar de las limitaciones financieras, el instituto se compromete a garantizar la organización de la elección judicial de 2025, implementando medidas de austeridad y solicitando recursos adicionales para asegurar la calidad y certeza del proceso electoral.