El fuego que el Estado encubrió: 16 años exigiendo justicia para las víctimas de la Guardería ABC

Familiares de los afectados continúan exigiendo atención médica, psicológica y reparación integral del daño, así como justicia para los responsables de alto nivel.

Hoy, 5 de junio de 2025, el calendario marca dieciséis años de una herida que se niega a cauterizar en el alma de Sonora. No es una fecha cualquiera; es el aniversario de la Guardería ABC, un nombre que evoca no solo el horror, sino la más profunda indignación ante la impunidad que persiste.

Aquel 5 de junio de 2009, una bodega improvisada, anexa a la estancia infantil, se convirtió en la pira de 49 inocencias. Cuarenta y nueve niños, atrapados sin las protecciones más elementales, perecieron asfixiados por el humo tóxico. Otros 106 menores, con edades que apenas oscilaban entre los cinco meses y los cinco años, sufrieron lesiones atroces, muchos de ellos con quemaduras tan devastadoras que la única esperanza residía en hospitales de Estados Unidos.

La Guardería ABC operaba desde el 6 de agosto de 2001 bajo el ominoso esquema de subrogación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En junio de 2009, el IMSS, en su supuesta función de supervisión, tenía 134 centros propios y una alarmante cifra de 1,500 bajo la responsabilidad de particulares. La raíz de esta tragedia se encuentra en las reformas a la Ley General del IMSS de 2003, que, con una irresponsabilidad criminal, facilitaron la concesión de guarderías con requisitos laxos y una inversión mínima por niño. ¿El resultado? Una proliferación descontrolada de estancias saturadas, con personal insuficiente y una calidad de atención que era una burla a la seguridad infantil.

Es un hecho irrefutable: de las guarderías subrogadas, solo 14 cumplían con la normatividad, y casi la mitad operaba sin la autorización vigente de Protección Civil. En este caldo de cultivo para la catástrofe, el contrato de 2006, firmado por el entonces director del IMSS, Juan Molinar Horcasitas, destinaba 422 mil pesos mensuales al operador de la ABC para atender a 196 pequeños, cuando su capacidad real alcanzaba los 220. La comodidad de quienes lucraban con la vida de nuestros hijos se tradujo en un riesgo mortal para decenas de familias.

La tragedia se desató alrededor de las 15:00 horas. El sistema de enfriamiento de la bodega del Departamento de Control Vehicular de Sonora, ubicada en la esquina de Ferrocarrileros y Mecánicos, colonia Y Griega, sobrecalentó su motor. Sin extintores, sin detectores de humo, aquel motor liberó fragmentos incandescentes que prendieron el techo de poliestireno de la guardería.

En un instante, 176 niños que dormían la siesta quedaron a merced de un fuego voraz en un lugar sin rutas de evacuación adecuadas y sin salidas de emergencia. Los vapores tóxicos inundaron el interior con una rapidez fulminante, cobrando la vida de muchos por asfixia, en un edificio diseñado para guardar archivos, no para proteger la fragilidad de las infancias.

Mientras la desesperación de empleados de la bodega y vecinos los impulsaba a apagar llamas y socorrer a los pequeños, las autoridades, las que debían proteger, no aparecieron a tiempo. El alcalde de Hermosillo, Ernesto Gándara Camou, llegó casi una hora después de que el infierno se desatara, sin un plan de auxilio organizado. El gobernador Eduardo Bours Castelo, cómodamente reunido en Arizona, se limitó a enviar mensajes de luto. Al día siguiente, el presidente Felipe Calderón Hinojosa, en un acto de cinismo político, envió a Margarita Zavala a consolar a los heridos y prometió castigo para los responsables. Dieciséis años después, aquellas promesas no son más que un eco hueco, una burla a la memoria de los caídos.

La impunidad se ha enquistado como un cáncer social. Los primeros indiciados, 19 funcionarios según la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no enfrentaron un proceso judicial hasta que el grito de la sociedad se hizo insoportable. Hoy, 21 de 22 inculpados han recibido alguna condena, pero sus penas, que en 2016 alcanzaron hasta 29 años, ya se han reducido a menos de seis. ¡Menos de seis años por la muerte de 49 niños y las lesiones de más de un centenar! Y mientras esta farsa judicial se desarrollaba, solo 24 de los 106 niños lesionados fueron reconocidos oficialmente como víctimas. Los otros 82, los que aún cargan con las cicatrices físicas y emocionales, siguen a la espera de asistencia médica, psicológica y reparación, en un limbo que el Estado se niega a atender. Delia Irene Botello, supervisora de zona de guarderías del IMSS, pasó apenas tres años en prisión antes de ser liberada por una supuesta "falta de pruebas contundentes". Funcionarios de Protección Civil, Bomberos y dependencias estatales fueron condenados, sí, pero muchos de ellos ya cumplen apenas fracciones de sus sentencias originales. En un país donde la justicia se devalúa si no conviene a los intereses de los poderosos, la vida de un niño quedó a merced de decisiones políticas y administrativas aberrantes.

Ahora, 16 años después, diez sobrevivientes que aún cargan con quemaduras de entre el 54 y el 100 % de su cuerpo han tenido que implorar una audiencia con la presidenta Claudia Sheinbaum. Nombres como Danna Paola, Paulina Villaescusa y Héctor Robles no son solo nombres; son el testimonio vivo de la crudeza de esta historia: niños que debieron crecer con la protección del Estado y que, en cambio, crecieron con el dolor de la negligencia y la impunidad. Sus madres y padres, encabezados por Marisol Montaño —quien vio a su hija perder nueve dedos y sufrir daño neurológico irreversible—, han dedicado más de una década a batallar por atención médica, indemnizaciones y la simple honestidad. Pero las autoridades siguen dando vueltas, soltando comunicados que no sirven de analgésico para las heridas abiertas de un niño.

En Hermosillo, la memoria no olvida. Colectivos como Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio y Manos Unidas por Nuestros Niños han convocado desde 2009 marchas, plantones y juicios ciudadanos (sin validez legal, pero con un impacto moral profundo que debería avergonzar a los responsables). El 5 de junio de 2010, un tribunal ciudadano dictó culpables a propietarios de la guardería, a funcionarios del IMSS y a miembros del gabinete estatal. Sin embargo, a la fecha, ningún servidor público de alto nivel ha pagado las consecuencias de un sistema que permitió la muerte de quienes, por definición, eran la responsabilidad más importante del Estado: los menores de edad.

Han transcurrido años desde el fallo en la Suprema Corte, cuando se reveló que el IMSS —al implementar el modelo de subrogación— abandonó los criterios mínimos de seguridad a cambio de ahorros presupuestales. Hoy, la herida sigue abierta, supurando la pus de la impunidad. El Estado fue cómplice: no solo al autorizar esa nave industrial como guardería, sino al demorar la justicia y sesgar las investigaciones oficiales. Mientras tanto, los sobrevivientes han visto pasar gobiernos, campañas políticas y cambios de sexenio sin recibir la atención ni las garantías que se les prometieron.

Esta catástrofe no se resuelve con una placa conmemorativa ni con discursos vacíos en plazas públicas. El fuego que consumió la vida de 49 niños destapó un régimen de negligencia institucional y corrupción que todavía impera. Exigimos que las autoridades asuman su error histórico: que reconozcan sin pretextos el sufrimiento de las familias, que brinden atención integral y sin peros a los heridos y que resarzan el daño moral, físico y psicológico que han infligido. Reclamar justicia no es un capricho; es un deber ético ineludible y una obligación de un Estado que, al fin y al cabo, suscribió actos de omisión criminal.

Dieciséis años después, no podemos quedarnos en lamentos. Es tiempo de dar batalla para que la cuenta de la impunidad llegue a cero. Las voces de aquellos niños, ahora adolescentes, siguen reclamando atención y solución. Las madres y padres no claman venganza: exigen responsabilidad y justicia. Que el grito de Hermosillo en el verano de 2009 se transforme en un ejemplo contundente de que la exigencia ciudadana tiene el poder de desnudar la mentira oficial: un país no puede avanzar si permite que los responsables de un crimen de Estado sigan libres, impunes, y con las manos manchadas de sangre.

El Estado no solo falló aquel 5 de junio de 2009; falló en cada momento que silenció a las víctimas. No podemos permitir que la memoria muera en el olvido. Hasta que cada niño lesionado reciba el apoyo completo y cada culpable cargue con el peso de sus acciones, seguiremos aquí, recordando y exigiendo: ¡la justicia no puede esperar más!